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La caza del lobo está prohibida en todo el territorio del Estado español

Los sindicatos piden a la Audiencia Nacional la suspensión cautelar

  • Las CCAA afectadas han presentado un recurso similar que ya ha sido admitido.

El pasado 9 de noviembre, COAG, junto a ASAJA y UPA, presentaron en la Audiencia Nacional un recurso contencioso-administrativo contra la Orden del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, de 20 de septiembre de 2021, que prohíbe la caza del lobo en todo el Estado español. Los servicios jurídicos de dichas organizaciones agrarias han solicitado también la suspensión de dicha Orden mientras se tramita el mencionado recurso. En este último se argumenta que el lobo no está en situación vulnerable al norte del Duero y que esta especie causa un grave impacto económico y social, tanto a los ganaderos como al conjunto del medio rural. Así, se especifica que la cabaña ganadera queda en una situación desprotegida, especialmente en lo que se refiere al modelo extensivo, cuya desaparición provocaría graves consecuencias medioambientales sobre el entorno natural.

Exponen estas tres organizaciones agrarias que, hasta ahora, los ganaderos al norte del río Duero vienen perdiendo una media de casi 10.000 animales al año -9.812-, una cifra que por lógica se va a ver incrementada de manera exponencial con la nueva normativa aprobada por el Ministerio. De hecho, este organismo ya reconoce en su última Memoria que, aún estando en vigor el anterior régimen de protección, “desde el punto de vista de protección de la ganadería extensiva, los daños no solo no disminuyen, sino que han crecido de modo importante en algunas áreas”.

En el recurso se detallan por comunicades autónomas los daños económicos y sociales que genera la presencia del lobo. En Asturias el número de animales dañados asciende a 12.966 en el periodo 2017-2020; en Cantabria la Consejería de Agricultura contabilizó una media de dos ataques diarios en 2020; y en Galicia las reses atacadas que se declaran con carácter anual ascienden a 2.300, lo que supone un global de daños de dos millones de euros, si bien la Xunta afrontó en 2020 unas indemnizaciones de 650.000 euros, un 32% de las pérdidas reales, una de las cuestiones que se denuncian también, que dichas compensaciones suelen ser parciales e insuficientes. En Castilla y León, entre enero y septiembre de 2020 se contabilizaron 2.660 animales muertos.

En el recurso también se alega cómo la Orden Ministerial ha entrado en vigor sin estar precedida de la actualización de la Estrategia de Conservación y Gestión del Lobo, además de que la aprobación de la primera deja en papel mojado los Planes de Gestión de las comunidades autónomas más afectadas.