Se necesitan los índices de precios referenciales cuanto antes
- Elikadura katearen legea betezeko tresnek batbatekotasuna eta eraginkortasuna behar dute
El pasado 2 de diciembre el Congreso de los Diputados dió luz verde a la Ley de Cadena Alimentaria tras meses de tramitación y cambios. El sector considera que la nueva ley es útil, y “marca un nuevo campo de juego, pero no supone la solución a todos los problemas y exigimos que se cumpla, que no se permitan mecanismos o rendijas para esquivar la regulación”. Asimismo, se necesita que las herramientas que se contemplan en la Ley funcionen y que sean inmediatas, tanto las inspecciones de oficio, como las sanciones que se deben conocer por la opinión pública. Además se pide celeridad para articular los observatorios de la cadena y los índices de precios referenciales.
El objetivo de la Ley
La Ley recoge un marco de buenas prácticas, regulaciones y sanciones. Define la relación entre todos los que participan en el sector de la alimentación, desde productores, las cooperativas agrarias, la industria y fabricantes, hasta la distribución. El objetivo de esta regulación es que haya transparencia en la formación de precios y aumentar la protección de los eslabones más débiles. A su vez, trata de poner freno a prácticas consideradas anticompetitivas, como la ‘venta a pérdidas’.
Principales medidas
Los actores de la cadena siempre tendrán que sellar sus contratos por escrito y reflejar los costes a los que se enfrentan. Los contratos constarán en una plataforma, de forma que si hay algún incumplimiento o denuncia, los responsables de supervisar la cadena (CCAA o la Agencia de Información y Control Alimentarios, AICA) podrán acceder a los contratos. La ley permite “elaborar, publicar y actualizar periódicamente índices de precios y de costes de producción mediante el empleo de los criterios que reglamentariamente se determinen que, en cualquier caso, deberán garantizar la transparencia y objetividad en la formación de estos índices”.
Asimismo, tiene como objetivo incorporar los costes a los que hace frente cada uno de los integrantes, de esta manera se garantiza que el precio final, el que pagan los clientes al hacer su compra, no sea inferior al anterior. Mediante la última modificación de la Ley, los costes que pueden imputar los y las agricultoras y ganaderas no solo serán los de las semillas, la energía o los gastos veterinarios, sino que pueden añadir los costes de los productos financieros contratados para su actividad y la mano de obra asalariada, junto con su propio trabajo.
Sanciones
Las sanciones serán públicas. Las podrán imponer las distintas administraciones con competencias en cada uno de los campos que abarca la Ley. Además las denuncias ante las comunidades autónomas o la AICA pueden ser anónimas y eso puede facilitar, en caso de que se incumplan los contratos, que los afectados se atrevan a dar el paso.