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EHNE-Nafarroa exige que se blinden los terrenos de cultivo frente a las macro instalaciones de energías renovables que se quieren proyectar en nuestro territorio y que se pretenden instalar en dichas áreas. El suelo productor de alimentos es el patrimonio más importante de cualquier sociedad y así es como se debe preservar, estando obligadas las diversas instituciones a establecer medidas legislativas en tal sentido.

De manera reciente, nuestro sindicato ha tenido conocimiento de primera mano de que se están impulsando por parte de iniciativas privadas varios proyectos para la instalación de macro plantas fotovoltaicas en diferentes zonas de Nafarroa a lo largo de la próxima década, que ocuparían una superficie de 7.500 hectáreas, Y que las empresas promotoras ya están realizando gestiones para obtener los pertinentes permisos de entidades locales y gubernamentales, así como la obtención de terrenos mediante alquiler, la mayoría de ellos cultivables.

Desde EHNE-Nafarroa decimos: ni un metro de tierra para este tipo de parques. Y no es porque estemos en contra de las energías renovables, más bien al contrario, nos oponemos a que, con la excusa de la transición energética que nuestra sociedad necesita de manera urgente, se lucren en esta maniobra especulativa grupos empresariales y fondos de inversión, dejando para las vecinas y vecinos de los pueblos toda una carga de externalidades que este tipo de instalaciones conllevan.

Antes de empezar la casa por el tejado y, como ya reclamamos en su momento con motivo de la también nueva promoción de más parques eólicos en Nafarroa, es de obligado cumplimiento la realización previa de un Plan Energético que evalúe las necesidades que en este apartado existen en nuestro territorio y que, en función de sus conclusiones, se adopten las actuaciones que se consideren necesarias.

Y no dejar vía libre, como se está haciendo en estos momentos, a que proyectos que responden más al cortoplacista rendimiento económico puro y duro que a la sostenibilidad medioambiental –no nos dejemos engañar– puedan materializarse en breve, suponiendo una importantísima rémora para las zonas de cultivo existentes.

Queremos pueblos que sigan siendo espacios rurales campesinos vinculados a la tierra y, por ello, exigimos al Gobierno de Nafarroa que, a través de la ley del cambio climático, incluya un blindaje de las áreas cultivables frente a estos nuevos macroproyectos fotovoltaicos y de cualquier otro tipo.

También demandamos a las entidades locales que no caigan en la trampa del dinero fácil que ofrecen las empresas que se esconden detrás de este tipo de proyectos ni sus ofertas de trabajo local y que, en cambio, favorezcan pequeños proyectos de autoconsumo, donde tanto vecinas y vecinos como ayuntamientos o concejos sean los verdaderos activos y gestores de dichas iniciativas energéticas sin ánimo de lucro.

Por último, reclamamos a la sociedad en general que tiene que ser ella la protagonista y aliada en la necesaria transición de los actuales modelos productivos y de consumo hacia otros sostenibles y respetuosos con nuestro maltratado planeta, una transición que, además de energética, también tendrá que ser en clave de soberanía alimentaria.

Excavadora

Lakua aprobó el 21 de abril un incremento de 11 millones en el presupuesto del TAV 2020.

Las obras del tren de Alta Velocidad han generado una vez más controversia. De hecho, el golpe económico que ha provocado la crisis del coronavirus ha lanzado múltiples visiones.

Enmarcada dentro del Pacto Verde, COAG la califica como contradictoria.

El 20 de mayo la Comisión Europea presentó la tan esperada estrategia “De la Granja a la Mesa”. Una propuesta enmarcada dentro del Pacto Verde de la UE y que se había visto aplazada en varias ocasiones. La estrategia plantea reducir la huella ambiental del sector primario, para lo que plantea, entre otras medidas, la reducción del uso de plaguicidas y fertilizantes, incrementar la superficie ecológica y lograr una producción ganadera más sostenible.

COAG defiende las políticas de sostenibilidad en la producción agraria, en el modelo alimentario y en el desarrollo rural, pero tilda de “contradictoria” la estrategia de la Comisión Europea. Resulta incoherente exigir más compromisos a los agricultores y ganaderos, con el consiguiente aumento de costes de producción, sin reforzar el presupuesto comunitario de la PAC y sin cuestionar los tratados comerciales para acometer la transición verde.

COAG sostiene que los agricultores y ganaderos deben ser protagonistas de la lucha contra el cambio climático y liderar el compromiso por un modelo agroalimentario sostenible.

Pero para ello, la UE debe revisar todos los tratados de libre comercio con terceros países, estableciendo del principio de preferencia comunitaria y soberanía alimentaria, y condicionando las importaciones a los estándares de calidad, sanidad vegetal y bienestar animal que ya cumplen los productores europeos.