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El proyecto de innovación VITISOS va a utilizar la técnica de confusión sexual para su control UAGA lidera el proyecto de innovación VITISOS para el fomento de una viticultura medioambientalmente sostenible en Rioja Alavesa. Entre las tareas desarrolladas, se encuentra el fomento de técnicas de confusión sexual para el control de la polilla de racimo (Lobesia botrana).

Durante 2020 se ha elaborado un registro de viticultores y bodegas con las que se utilizará esta metodología en la próxima primavera en un área de 32 hectáreas de viñedo, con la idea de fomentar el uso de esta técnica frente al uso de insecticidas convencionales. Además, se ha completado una red de personas voluntarias que han instalado trampas de monitorización de la polilla para conseguir una red que abarque toda Rioja Alavesa.

Por su parte, Diputación ha puesto en marcha una iniciativa para establecer un grupo de interesados en la lucha contra la polilla del racimo mediante técnicas de confusión sexual. Si quieres formar parte de esta iniciativa puedes contactar con UAGA.

se han notificado los incumplimientos a las bodegas

COAG, UPA y Asaja constatan compras de uva por debajo del precio de coste

COAG, ASAJA y UPA se han dirigido a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) con la documentación relativa a los incumplimientos que determinadas bodegas están haciendo de los contratos de compra-venta de uva que han suscrito con los viticultores.

Las organizaciones han puesto de manifiesto que la cuantía de los precios fijados en contrato es anormalmente baja y está muy lejos de cubrir los costes de producción de uva para vinificación de cada zona. En base a la información suministrada por los viticultores, las bodegas de las que hasta ahora las organizaciones agrarias tienen constancia que no cumplen con lo establecido en la legislación vigente relativa a la Ley de la Cadena Alimentaria, comprando la uva por debajo del coste, son del Grupo García Carrión, del Grupo FelixSolisAvantis y de Bodegas Gallego LaporteWordlWines.

Igualmente, han notificado a cada una de las bodegas los incumplimientos de los que se tiene constancia y que están relacionados con la Ley de la Cadena Agroalimentaria. En concreto, por no cubrir los costes de producción además de no haberse producido una negociación de los precios de la uva o como consecuencia no pagar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste efectivo de producción.

Las organizaciones agrarias iniciaron al comienzo de la vendimia 2020 una campaña para reclamar que no se fijaran precios de la uva por debajo de los costes de producción y pedir a las bodegas que frenaran el hundimiento de precios (30% más bajos que el año anterior).

Ahora se han comprobado algunas actuaciones desleales y las coacciones se han materializado en pruebas, pudiendo ser constitutivas de sanción.

  • La Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid obliga a la Azucarera a pagar a los productores de la Zona Norte 4,08 millones de euros por haber reducido unilateralmente el precio de la remolacha pactado dentro del Acuerdo Marco Interprofesional (AMI).
  • El laudo también ratifica la capacidad de las organizaciones agrarias para pactar un nuevo Acuerdo Marco Interprofesional

La Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid ha dado la razón a COAG –organización estatal a la que pertenece UAGA en la demanda que presentó el 29 de julio de 2019 contra AB Azucarera Iberia S.L. por haber reducido unilateralmente el precio de la remolacha pactado en el Acuerdo Marco Interprofesional (AMI).

UAGA valora muy positivamente la resolución del arbitraje, puesto que supone un espaldarazo importante a la capacidad negociadora de las organizaciones agrarias, que trabajan con el objetivo de que la remolacha sea un cultivo rentable y con futuro. “Si tenemos un sector fuerte y cohesionado, podemos lograrlo”, ha afirmado Javi Briñas, Presidente del Colectivo de Remolacha de UAGA.

Tras la resolución, Azucarera deberá indemnizar a los agricultores que entregaron remolacha en la campaña 2019-2020, pagándoles el precio pactado en el AMI. Dicha indemnización será aproximadamente de 4,2 euros por tonelada de remolacha tipo entregada en la citada campaña. En total, en la zona norte deberá abonar a todos los remolacheros con los que tuvo contrato unos 4,08 millones de euros, 3 millones de euros a los remolacheros de Castilla y León y algo más de 1 millón a los cultivadores de La Rioja, País Vasco y Navarra. A éstos habrá que añadir otros cerca de 2 millones que podría tener que abonar en Andalucía. La incógnita que tendrá que despejarse ahora es cuándo se hará efectivo dicho abono ya que Azucarera no se ha pronunciado aún al respecto.

El laudo de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid es trascendental para el sector remolachero ya que, de cara a futuros acuerdos marco interprofesionales, establece que las organizaciones profesionales agrarias pueden negociar estos acuerdos con cláusulas de reparto de valor. Es decir, la negociación del precio base la podrán hacer los agricultores en sus contratos, bien individualmente –agricultor a agricultor- o bien colectivamente –contratando con Azucarera a través de la organización agraria, cooperativa o empresa a la que hayan cedido su contratación.

Fernando García, responsable del sector remolachero-azucarero de COAG ha subrayado que este importante logro de las organizaciones agrarias no ha supuesto ningún coste a los remolacheros, reflexionando sobre la importancia de tener un sector organizado que pueda defender de manera efectiva sus derechos.

UAGA lleva años defendiendo que el cultivo de la remolacha es un sector viable y que tiene futuro en Álava. Seguimos apostando por el cultivo, tenemos que lograr una buena negociación con Azucarera hasta llegar al mejor acuerdo para ambas partes, con el fin de conseguir que la remolacha sea una alternativa rentable para el sector agrario alavés y de Treviño.

https://www.uaga.eus/coag-organizacion-agraria-estatal-en-la-que-se-integra-uaga-gana-el-arbitraje-contra-azucarera-que-tendra-que-abonar-a-las-explotaciones-remolacheras-el-precio-pactado-en-2019/

Se quieren reforzar las estrategias en mercados nacionales e internacionales.

Está dirigida al conjunto del sector de bebidas de Euskadi

El Gobierno Vasco ha abierto el plazo para solicitar, por parte de los operadores amparables, los acuerdos de licencia de uso de la marca promocional BASQUE WINE con destino a sus eventos, acciones o presentaciones comerciales.

La marca BASQUE WINE, registrada por HAZI Fundazioa, pretende ser una herramienta capaz de informar a las personas consumidoras sobre las características de las bebidas vascas que pueden encontrar en el mercado, con el fin de promocionarlas y ayudar a paliar la difícil situación que ha atravesado este sector a consecuencia del cierre del canal HORECA por la Covid-19.

El uso de la denominación y logotipo protegido se permitirá a empresas productoras o comercializadoras de bebidas amparadas bajo la marca colectiva “Basque Beer”, las denominaciones de origen “Txakoli de Alava- Arabako Txakolina”, “Bizkaiko Txakolina-Txakoli de Bizkaia”, “Txakoli de Getaria-Getariako Txakolina”, Euskal Sagardoa” y en el caso de la DOCa “Rioja”, aquellas elaboradas con al menos un 85% de uva producida en la comarca de Rioja Alavesa y así se especifique en su etiquetado (como vino de zona, vino de municipio o viñedo singular).

La oficina Ardoa Basque Wine Office será la encargada de la gestión de las solicitudes, la firma de los Contratos de Licencia de Uso y el envío a los operadores de los soportes gráficos digitales necesarios para su empleo. Esta oficina creada por el Gobierno Vasco se constituyó a comienzos de este año para ofrecer un apoyo integral al sector de bebidas del País Vasco, con el objetivo de reforzar las estrategias que están todas ellas en el mercado nacional e internacional. Las personas o empresas interesadas en la utilización de la marca pueden informarse en el teléfono de HAZI (945 00 32 40 / 94 603 03 30) y en el correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

 

La Corte de Arbitraje de Cámara de Comercio e Industria de Madrid ha dado de nuevo la razón a esta organización

  • En este caso, la justicia obliga a la firma británica a pagar a los productores de la Zona Norte 4,08 millones de euros por haber reducido unilateralmente el precio de la remolacha pactado dentro del Acuerdo Marco Interprofesional (AMI).
  • A los remolacheros de Castilla y León le corresponden 3 de millones de euros. Los cultivadores de La Rioja, País Vasco y Navarra recibirán algo más de 1 millón. A estas cantidades habría que sumar la cifra para los productores de Andalucía, que podría elevarse hasta los 2 millones €.

La Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid ha dado la razón a la COAG en la demanda que presentó el 29 de julio de 2019 contra AB Azucarera Iberia S.L. por haber reducido unilateralmente el precio de la remolacha pactado en el Acuerdo Marco Interprofesional (AMI).

Tras la resolución, AZUCARERA deberá indemnizar a los agricultores que entregaron remolacha en la campaña 2019-2020, pagándoles el precio pactado en el AMI. Dicha indemnización será aproximadamente de 4,2 euros por tonelada de remolacha tipo entregada en la citada campaña. En total, en la zona norte deberá abonar a todos los remolacheros que con los que tuvo contrato unos 4,08 millones de euros,  3 millones de euros a los remolacheros de Castilla y León y algo más de 1 millón a los cultivadores de La Rioja, País Vasco y Navarra. A los que habrá que añadir los hasta 2 millones que podría tener que abonar en Andalucía. La incógnita que tendrá que despejarse ahora es cuando se hará efectivo dicho abono ya que la firma británica no se ha pronunciado aún  al respecto.

Nuevamente, una demanda de COAG logra rescatar para los productores de remolacha cantidades que les pertenecen y que pretenden escamotearle otros organismos. En 2019, en virtud de un Auto del Tribunal Supremo de 19 de febrero de 2019, la consejería de Agricultura de CyL tuvo que devolver 3 euros por tonelada que suprimió a los remolacheros en el marco de los planes de ajuste por la crisis ( un total de 9,4 millones €).  En conjunto, las demandas presentadas por esta organización han conseguido revertir 15,5 millones de euros a los productores de remolacha por pleitos ganados a la industria y a la administración.  

El laudo de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid es trascendental para el sector remolachero ya que, de cara a futuros acuerdos marco interprofesionales, establece que las organizaciones profesionales agrarias pueden negociar estos acuerdos con cláusulas de reparto de valor. Es decir, la negociación del precio base la podrán hacer los agricultores en sus contratos, bien individualmente –agricultor a agricultor- o bien colectivamente –contratando con Azucarera a través de la organización agraria, cooperativa o empresa a la que hayan cedido su contratación.

Este importante logro de las organizaciones agrarias no ha costado ni un euro a los remolacheros. Animamos a los productores a que reflexionen sobre la importancia de tener un sector organizado que pueda defender de manera efectiva sus derechos. Industrias como Azucarera quieren quitarnos de en medio para que no haya negociación y puedan imponer sus condiciones a los agricultores sin nadie que los controle y vigile”, ha subrayado Fernando García, responsable del sector remolachero-azucarero de COAG.

Ha habido problemas en las relaciones entre industria y sector, derivadas de la falta de reconocimiento a las OPAS y no tener AMI.

La campaña 2020-2021 de remolacha ha terminado de manera rápida, con unas producciones medias dentro de los parámetros habituales. El colectivo de UAGA ha entregado 75.000 toneladas de remolacha, con una riqueza media del 17,5%, y un rendimiento medio de 100 toneladas por hectárea. 

Estos datos de producción nada excepcionales dejan clara la dificultad del cultivo para lograr una rentabilidad, porque se siguen sin cubrir los costes de producción con los precios pagados por la Azucarera.
A falta de un estudio más detallado de los costes en Álava por parte de la Administración, las organizaciones agrarias estimamos que éstos alcanzan los 3.000 euros por hectárea. Con el precio fijado por Azucarera este año el resultado por hectárea sería de 2.600 euros. Este déficit se cubre con ayudas de la administración, pero cada vez resulta menos justificable que una empresa privada aumente sus beneficios a costa de que las administraciones complementen el precio de su materia prima a terceros.