No ha respondido a la petición de retirar el proyecto de orden de incluir al lobo en el Lespre
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha pedido la dimisión inmediata de la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, por su falta de respuesta a la petición de los ganaderos para que retire el proyecto de orden ministerial por el que se incluye al lobo en el listado de Especies Silvestres de Protección Especial (LESPRE).
La intención y celeridad en publicar esta orden ministerial solo puede indicar que el objetivo único del MITECO es el de la expansión del lobo en el territorio, ignorando las consecuencias que esto tendrá para la ganadería extensiva y para el medio rural. Antes es necesario analizar el actual número de manadas y ejemplares que existen y debatir las medidas más adecuadas y efectivas que faciliten la coexistencia del lobo con la ganadería.
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha pedido una revisión de todos los contratos de compra-venta de leche entre ganaderos e industria. “Es hora de que los precios cubran los costes de producción y que se cumpla con la Ley de mejora de la Cadena Alimentaria. El último informe de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) recoge 37 sanciones por incumplimientos en este sentido. Cuando se detecte cualquier tipo de ilegalidad en los contratos hay que denunciarlo”, ha subrayado el responsable del sector lácteo de COAG, Gaspar Anabitarte.
La subida de dos céntimos por litro anunciada por algunas industrias se queda corta para cubrir el significativo aumento de los costes como consecuencia del aumento de precios de las materias primas para alimentación animal (+26% en un año) y el incremento de la factura eléctrica. “Estas subidas no responden a los verdaderos costes de producción, que en términos medios se sitúan en 0,35€/litro, según el estudio de cadena de valor de la leche de vaca, publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación”, ha recordado Anabitarte.
La situación es insostenible para las pequeñas y medianas explotaciones familiares. Según los cálculos realizados por el Departamento de Ganadería de COAG, sobre la base de los datos el estudio de la cadena de valor de leche de vaca del MAPA, una explotación media tuvo que soportar, en periodo 2018-2020, unas pérdidas mensuales entre 1.231 y 1.464 euros. Durante el citado periodo, los productores/as percibieron un precio medio de 0,32€/l mientras que el estudio cifra los costes medios en 0,35€/l. Las consecuencias: 2.270 explotaciones se vieron obligadas a echar el cierre por falta de rentabilidad en apenas dos años.
Ante ello, el calendario de movilizaciones que se viene desarrollando en Andalucía se trasladará a la cornisa cantábrica el próximo 2 de agosto. Bajo el lema “Por unos precios de la leche que cubran los costes de producción”, UGAM COAG, Asaja y UPA han convocado una concentración de ganaderos y ganaderas frente al Makro de Maliaño. Este acto de protesta coincide con la concentración que se realizará ese mismo día en Andalucía frente a las instalaciones de Puleva en Málaga.
Aralarko Baserritarren Elkarteak, EHNEk eta Enbak elkarretaratzea egin zuten gertakaria gaitzesteko.
La Asociación deLa Asociación debaserritarras, EHNE y Enbadenunciaron la muerte acausa de un tiro de una vaca
El sindicato defiende que esta futura normativa ponga límites a los tamaños de las explotaciones ganaderas del herrialde
EHNE-Nafarroa ha realizado una serie de aportaciones en la fase de consulta pública previa sobre la modificación de la Ley Foral de Sanidad Animal de Navarra. Entre las más importantes, destaca la necesidad de que se pongan límites a los tamaños de las explotaciones ganaderas del herrialde y ello sea especificado mediante rango de ley y no decreto, para que no vuelvan a darse pronunciamientos judiciales contrarios, tal y como se ha producido con la macrogranja de Caparroso.
La Comisión Europea publicó un estudio en el que indicaba que las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de la Unión Europea procedentes del sector agrario se redujeron en más del 20% desde 1990, pero que se estancaron en 2010.